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La incorporación de una perspectiva de género en diferentes ámbitos y niveles de la sociedad es fundamental para abordar la desigualdad y la discriminación basada en el género. A nivel mundial y desde 2015, ONU Mujeres cuenta con una metodología que incorpora una serie de elementos y herramientas que permiten identificar las desigualdades persistentes entre mujeres y hombres, así como entre niñas y niños. Por otro lado, a través de dicho instrumento es posible formular objetivos y construir soluciones, los cuales se pueden incorporar a políticas, programas y presupuestos públicos.

 

Bajo esa tónica, la Agenda 2030 de la ONU, que incorpora una serie de objetivos denominados “Objetivos del Desarrollo Sostenible” (ODS), incluye la equidad de género como un objetivo transversal en varios ODS, reconociendo la importancia de abordar la igualdad de género para alcanzar el desarrollo sostenible.

 

En lo referente a convenciones y tratados internacionales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Plataforma de Acción de Beijing son marcos internacionales que promueven la igualdad de género y los derechos de las mujeres, siendo el primero el tratado más amplio en materia de derechos humanos y que tiene como principios garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, fortalecer la participación de las mujeres en la política pública y eliminar de toda forma de violencia hacia cualquier persona.

 

En el orden nacional y a partir de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación del Instituto Nacional de las Mujeres, estableció las bases para la integración de la igualdad de género. En trabajo conjunto con ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) cuenta con una plataforma que permite conocer los avances y áreas de oportunidad de las 32 entidades federativas e incorpora la transversalidad del enfoque de género en los principales instrumentos normativos, de política pública, presupuestarios y de rendición de cuentas

 

La metodología propuesta por INMUJERES , para medir los avances y las áreas de oportunidad de las entidades federativas respecto a la transversalidad de la perspectiva de género, incorpora los siguientes elementos:

• El marco legal nacional, como la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombre (LGIMH), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
• La buena práctica en materia de presupuestario con enfoque de género, que establece que los instrumentos que incorporen la transversalidad de la perspectiva de género deben contener los siguientes criterios mínimos
  1. Acciones vinculadas con género implementadas y presupuestadas por varias dependencias y no sólo por INMUJERES o Secretaría de las Mujeres.
  2. Existencia de información desagregada por sexo.
  3. Existencia en los documentos presupuestarios de una clasificación programática detallada y asociada a otras clasificaciones del gasto (administrativa, económica y funcional).
  4. Existencia de metas e indicadores vinculados con género.

 

Por otro lado, las Dependencias y Entidades del Estado de Puebla enfocan sus acciones en políticas compensatorias hacia las mujeres, así como la disminución de las brechas de la desigualdad desde un enfoque transversal que implica considerar en sus diseños de programas y políticas, acciones focalizadas hacia la disminución de las brechas de la desigualdad, la eliminación de la violencia de género y garantizar los derechos para todas las personas; mismas que son coordinadas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva a través de la Subsecretaría de Transversalización de la Perspectiva de Género